¿Son legales los programas de elección de escuelas?

Como mencionamos anteriormente, la elección de escuelas es constitucional a nivel federal y en la mayoría de los estados, siempre que los programas y las políticas estén diseñados adecuadamente. La Corte Suprema de los EE. UU. ha dejado en claro que los fondos públicos se pueden asignar a una familia para utilizarse en la escolarización del jardín de infantes al 12.º grado de un niño, incluso para la educación religiosa. Algunos estados cuentan con estipulaciones constitucionales redactadas que prohíben que se usen los dólares del contribuyente para respaldar a los niños que asisten a escuelas religiosas, pero aquellas disposiciones han sido objetadas a nivel federal y estatal.

En 2002, la Corte Suprema de los EE. UU. respondió esta pregunta constitucional a nivel federal. En el caso histórico Zelman contra Simmons-Harris, la Corte Suprema ratificó la constitucionalidad del programa de vales escolares de Cleveland por medio de un voto de 5 a 4. Los jueces dejaron bien en claro que, cuando una persona utiliza los fondos públicos para tomar una elección privada, en este caso, cuando un padre utiliza un vale para enviar a su hijo a una escuela privada (incluidas las escuelas religiosas), no viola la Primera Enmienda.

El Presidente de la Corte Suprema, William Rehnquist, explicó que, según la opinión mayoritaria, los programas de vales, como el de Cleveland, son «neutrales en cuanto a la religión [porque ellos] proporcionan asistencia directamente a una clase amplia de ciudadanos, los cuales, a su vez, dirigen la ayuda gubernamental a las escuelas religiosas, debido totalmente a su genuina e independiente elección privada». Por tanto, si un programa de elección de escuelas permite la «verdadera elección privada» y esta es «religiosamente neutral», entonces es constitucional.

En 2011, la Corte Suprema juzgó el caso de Arizona Christian School Tuition Organization contra Winn, el cual implicaba una objeción constitucional al programa de Arizona que ofrecía créditos fiscales para las donaciones a organizaciones de matrículas de escuelas. En ese caso, por opinión mayoritaria, el juez Anthony Kennedy declaró que, en primer lugar, las partes demandantes (los contribuyentes de Arizona) no podían presentar una demanda ante el tribunal federal. Esto se debe a que las acusaciones eran demasiado especulativas para que los contribuyentes individuales de Arizona probaran que habían sido perjudicados por el solo hecho de que se les haya otorgado un crédito fiscal a otros contribuyentes, sobre todo para una actividad (el enviar a los niños a escuelas privadas) que ahorraría el dinero del estado a largo plazo.

Las decisiones del caso Zelman y Winn estaban en consonancia con una larga serie de precedentes judiciales. Por ejemplo, en 1983, la Corte Suprema sostuvo la deducción del impuesto a la renta de Minnesota para los gastos educativos, incluida la matrícula de la escuela privada. En 1993, la Corte sostuvo, por unanimidad, el uso de los fondos públicos por parte de un estudiante no vidente que quería obtener un título en Teología en una universidad religiosa.

Además, los subsidios G.I. Bill (ley de asistencia educativa para exmilitares) y Pell son constitucionales. Ambos programas federales ofrecen vales a los estudiantes universitarios para que asistan a escuelas públicas o privadas de su preferencia, incluidas las universidades religiosas. Nadie sostiene que esos programas sean inconstitucionales, ni discute la constitucionalidad de los programas federales que ofrecen vales para la educación en la infancia temprana, que se pueden utilizar en las guarderías religiosas.

A pesar de que los recientes dictámenes de la Corte Suprema de los EE. UU. han favorecido a la elección de escuelas, algunas constituciones estatales tienen estipulaciones que prohíben el uso de los dólares del contribuyente para apoyar a las escuelas religiosas. Muchas veces, dichas estipulaciones constitucionales escritas se conocen como «Enmienda Blaine», que recibe su nombre por el fanatismo nativista anticatólico del siglo xix asociado con el Exsenador de los EE. UU., James Blaine. Sin embargo, según el Institute for Justice (Instituto de Justicia), «muchas decisiones judiciales interpretan las constituciones estatales en forma paralela a la Primera Enmienda. En tal caso, los casos recientes de la Primera Enmienda discutidos anteriormente deberían controlar la interpretación constitucional estatal. Si la disposición constitucional estatal es más restrictiva, es probable que los defensores impugnen dichas restricciones de acuerdo con la constitución federal».

Para leer más sobre todos los casos interpuestos contra los programas individuales de elección de escuelas en los estados, visite la sección Historia legal de nuestro ABC de la elección de escuelas.